Santa Rita Rita, lo que se cobra no se devuelve

   
     Al leer que Bruselas permitirá que España devuelva sólo 2.000 de los 13.000 millones del 'céntimo sanitario', que estuvo gravando durante diez años los hidrocarburos y que el TJUE ha declarado ilegal, recuerdo otros casos en los que las arcas públicas recibieron ingresos de forma irregular y que después no se devolvieron.

     No tenemos que remontarnos más de un año para encontrar el ejemplo del “euro por receta” que, primero  Cataluña y más tarde la Comunidad de Madrid cobraron a modo de “repago farmacéutico”. Y es que el segundo caso es aún más grave ya que se impuso mientras el TC suspendía cautelarmente el gravamen catalán por sospechas de inconstitucionalidad, incumpliendo el fumus bonis iuris o apariencia de buen Derecho. Tras ser derogados el Gobierno de la Comunidad de Madrid regido por el Partido Popular ni siquiera se planteó, como no podía ser de otra forma,  la devolución de lo ilegal, inequitativa e injustamente ingresado. Por su parte el Gobierno regional catalán parece que sí lo hará aunque no ha aclarado mediante qué mecanismo.

     Más flagrante aún es el caso del impuesto negativo sobre las energías renovables, ya que tras prometerse fueron retiradas de forma retroactiva, infringiendo la primera norma del Derecho: irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos. Ello provocó  una oleada de denuncias contra España de inversores internacionales que, muy probablemente, prosperarán.

    La sensación que me evocan estas situaciones, además de que vivo en un país en el que la irregularidad es norma, es la inseguridad jurídica consecuencia de la no devolución de lo indebidamente ingresado a mala fe, según la sentencia del TJUE sobre el “céntimo sanitario”, con el riesgo moral que ello supone y es que el poder público no renunciará a cobrar gravámenes ilegales si es consciente de que ello no tendrá consecuencias.